La gobernadora Layda Sansores vuelve a quedar en el centro de la polémica, esta vez por desacatar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pese a haber sido incluida en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, la mandataria no acató las medidas ordenadas y permitió que el caso se diluyera entre excusas, silencios y soberbia institucional.
De acuerdo con lo informado por la autoridad electoral, Layda y comunicadores afines debían asistir a un curso de reeducación para evitar la reiteración de conductas de violencia política contra mujeres. La instrucción fue clara, con fechas precisas y carácter obligatorio. Sin embargo, no asistieron. No hubo cumplimiento, no hubo explicación pública convincente y tampoco hubo una disculpa como ordenaba la sentencia. En términos coloquiales, se pasaron la resolución por alto.
El mensaje es demoledor: en Campeche, la ley parece aplicarse solo a quienes no gobiernan. ¿Cómo puede una gobernadora exigir respeto al estado de derecho cuando ella misma desobedece a la máxima autoridad electoral del país? La incongruencia no solo erosiona su credibilidad; debilita a las instituciones y normaliza la impunidad desde la cúspide del poder.
La gravedad aumenta cuando se observa el contraste con el discurso oficial. Layda ha hecho del señalamiento y la denuncia su bandera, pero cuando la ley la alcanza, opta por el desacato. La pregunta que recorre el estado es inevitable: ¿existe alguna sanción para quien incumple una sentencia judicial? ¿O el cargo otorga licencia para ignorarla?
Este episodio no es aislado. Se inscribe en un patrón donde el poder intimida, persigue y sanciona a críticos y opositores, mientras se protege a sí mismo cuando corresponde rendir cuentas. La percepción de impunidad crece cuando las resoluciones se usan para amedrentar a voces incómodas, pero se relativizan cuando obligan a la gobernadora.
El costo es institucional y social. La violencia política de género no es un trámite ni una etiqueta; es un fenómeno que lastima derechos y exige reparación y garantías de no repetición. Desobedecer una sentencia en esta materia manda un mensaje peligrosísimo: que la sanción es decorativa y el cumplimiento, opcional.
Mientras tanto, el estado arrastra un balance negativo: inversiones ausentes, servicios debilitados, inseguridad al alza y una sociedad polarizada por un estilo de gobierno confrontacional. El desacato no solo confirma el talante autoritario; explica el desgaste.
Campeche merece gobernantes que pongan el ejemplo, no que desafíen la ley cuando no les conviene. La autoridad se ejerce cumpliendo sentencias, no ignorándolas. Y hoy, el saldo es claro: soberbia, impunidad y un desprecio abierto por el estado de derecho. En un gobierno que exige obediencia, el primer deber es obedecer la ley.
