Cuando el silbido del narco se convierte en grito institucional

La víctima, la maestra jubilada y taxista, secuestrada y asesinada tras negarse a pagar extorsión al grupo criminal ‘Mafia Veracruzana’.

Irma Hernández Cruz, de 62 años, fue privada de la libertad el 18 de julio en Álamo Temapache, Veracruz, por negarse a pagar rellenis “cuota” impuesta por un grupo armado conocido como ‘Mafia Veracruzana’ (antes Grupo Sombra). En un macabro video, la obligaron a grabar un mensaje dirigido a sus colegas taxistas: “paguen su cuota… o terminarán como yo”. Seis días después, su cuerpo apareció sin vida en una construcción abandonada, rodeado de armas y vehículos, con evidentes signos de violencia física y extrema. Las autoridades de Veracruz detuvieron a tres presuntos responsables tras operativos en Cerro Azul

La respuesta institucional: insensibilidad, tecnicismo y justificaciones que indignan.

La gobernadora Rocío Nahle atribuyó la muerte a un infarto causado por “violencia sufrida durante el secuestro”, según concluyeron forenses estatales, y evitó mencionar investigaciones profundas o avances concretos en torno a los responsables inmediatos. Desde el gobierno federal se respaldó la coordinación institucional, pero evitaron explicar por qué no hubo detención inmediata de criminales en un territorio acosado por el narco desde hace años. La nota crítica de El País calificó esta narrativa como parte de una “insostenible estrategia de evasión institucional”, en la que se evade enfrentar a los delincuentes y se diluye el recuerdo humanitario de la víctima.

Un escándalo que debería prender las alarmas a nivel nacional

Este caso no es uno más: simboliza la normalización de la violencia en una región donde extorsiones, secuestros y asesinatos han dejado de asombrar y se tornan parte del paisaje cotidiano. Veracruz registra más de un homicidio diario y un promedio de dos feminicidios por semana en los años recientes, lo que habla del fracaso de las políticas de seguridad bajo gobiernos de Morena.

La ciudadanía ha llegado al límite de la indiferencia, producto de una cultura institucional que maquilla lo criminal como accidente médico. Reducir la muerte de una mujer violentada a un infarto deja intacta la lógica del narco: impunidad, miedo e imposición. Este caso debería incendiar la consciencia pública, ya que revela lo que no vemos: un Estado que renuncia a proteger, y un crimen que dicta las reglas ante la parálisis de los poderes. El silencio cómplice ante este horror institucional implica renunciar al reclamo más fundamental: justicia para quienes ya no pueden hablar.

El gobierno de Morena en Veracruz ha demostrado una alarmante incapacidad para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sumido en la negación, la opacidad y el desdén institucional frente a la violencia del crimen organizado. Casos como el brutal asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández no solo exhiben la fuerza que tiene el narco sobre la vida cotidiana en el estado, sino también el abandono y la insensibilidad con la que las autoridades, encabezadas por la gobernadora Rocío Nahle, responden a tragedias de esta magnitud. En lugar de asumir responsabilidades, se escudan en tecnicismos forenses o minimizan los hechos, consolidando un modelo de gobierno más preocupado por cuidar su imagen que por proteger a su gente. Morena, que llegó al poder prometiendo un cambio, en Veracruz solo ha perfeccionado la indiferencia.

La sistemática violación de los derechos humanos en México por parte de distintos niveles de gobierno —a través de la omisión, la colusión y la impunidad— ha desdibujado por completo la autoridad legítima del Estado. Hoy, las garantías individuales son papel mojado en regiones dominadas por el crimen organizado, donde los cárteles imponen su ley ante la complacencia o complicidad de autoridades civiles y militares. La desaparición forzada, la tortura, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento interno se han vuelto cotidianos, mientras los responsables gozan de impunidad. En lugar de proteger a su pueblo, el gobierno ha abandonado su deber constitucional, permitiendo que el terror narco tome el control. Lo que antes fue una democracia débil, hoy ha mutado en un narcoestado, donde el poder real se ejerce con violencia y miedo, no con justicia ni legalidad.