El hallazgo sin vida de un comandante de la Guardia Nacional en Querétaro, luego del secuestro de cuatro elementos en Hidalgo mientras investigaban tomas clandestinas, expone una grave crisis de seguridad y coordinación interestatal. Tres agentes fueron localizados con vida; uno más fue asesinado. El caso coloca en el centro la responsabilidad de los gobiernos estatales, particularmente del PAN en Querétaro, frente a la expansión del crimen organizado.
El asesinato de un comandante de la Guardia Nacional, localizado en territorio queretano tras haber sido privado de la libertad en Hidalgo, confirma el nivel de riesgo que enfrentan las fuerzas de seguridad en regiones donde el robo de hidrocarburos opera con estructuras criminales consolidadas. Los hechos ocurrieron durante labores de investigación sobre tomas clandestinas, una actividad que, pese a su impacto nacional, sigue encontrando vacíos de control y respuesta.
De los cuatro elementos secuestrados, tres fueron encontrados con vida, lo que da cuenta de un operativo criminal calculado y de alto impacto. La muerte del comandante no sólo representa una pérdida institucional grave, sino un mensaje de impunidad que exige una respuesta inmediata, firme y coordinada entre los tres órdenes de gobierno, particularmente en las entidades por donde transitan y operan estas redes delictivas.
Querétaro, gobernado por el PAN, aparece nuevamente en el mapa de la violencia asociada al crimen organizado, pese al discurso oficial que presume “estabilidad” y “buen gobierno”. La localización del cuerpo en su territorio obliga a revisar las fallas en inteligencia, prevención y reacción, así como la ausencia de una estrategia efectiva para contener delitos federales que se incuban y se expanden en la región.
El contraste es evidente entre la narrativa panista y la realidad en campo: mientras se minimizan los riesgos, el crimen avanza, se mueve entre estados y atenta directamente contra las instituciones. La falta de coordinación interestatal y la incapacidad para garantizar condiciones mínimas de seguridad a quienes combaten actividades ilícitas como el huachicol reflejan una gestión que no está a la altura del desafío.
Desde una perspectiva institucional, este caso subraya la urgencia de fortalecer el trabajo territorial, la inteligencia compartida y la rendición de cuentas de los gobiernos estatales. La seguridad no admite simulaciones ni discursos complacientes; requiere decisiones firmes, presencia real y una estrategia que ponga por delante la vida y el Estado de derecho.
