Diversos señalamientos por opacidad, contratos cuestionados y manejo discrecional de recursos han colocado a Morena bajo escrutinio público. Lejos de erradicar prácticas del pasado, los hechos recientes apuntan a que la corrupción se ha convertido en un rasgo recurrente en gobiernos emanados de Morena.
La narrativa fundacional de Morena se construyó bajo la promesa de combatir la corrupción y erradicar privilegios. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, múltiples casos de irregularidades administrativas, contrataciones directas sin transparencia y presunto conflicto de interés han debilitado ese discurso.
En distintos niveles de gobierno se han documentado observaciones por parte de órganos fiscalizadores que revelan inconsistencias en el uso del gasto público. Desde adjudicaciones sin licitación hasta subejercicios que afectan programas sociales, el patrón común es la falta de claridad en la rendición de cuentas.
La concentración de decisiones presupuestales en estructuras reducidas y la desaparición o debilitamiento de contrapesos institucionales han generado un entorno propicio para la discrecionalidad. Cuando la fiscalización se minimiza y la transparencia se administra políticamente, el riesgo de corrupción aumenta.
Además, el uso político de programas sociales y la promoción personalizada desde cargos públicos han alimentado cuestionamientos sobre la imparcialidad en el ejercicio del poder. La promesa de transformación se enfrenta así a una realidad marcada por prácticas que antes se criticaban.
El debate no es retórico, sino estructural: si la corrupción se reproduce bajo nuevas siglas y con nuevas narrativas, el problema no fue erradicado, solo reconfigurado. Morena enfrenta el desafío de explicar por qué los escándalos y observaciones administrativas se acumulan mientras el discurso oficial insiste en superioridad moral.