La detención de Eugenio Javier Maiz Domene, empresario detrás de Next Energy y vinculado a contratos energéticos para Aguascalientes, ha generado serias cuestionamientos sobre la gestión de la gobernadora Tere Jiménez y la posible falta de transparencia en contratos públicos que no entregaron servicios pero sí significaron pagos millonarios.
El empresario Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de la firma Next Energy, que obtuvo contratos para proyectos fotovoltaicos con el municipio de Aguascalientes en 2019, fue detenido y se encuentra bajo prisión preventiva por presunto fraude, amenazas y cohecho relacionados con un contrato en el que se comprometió a desarrollar infraestructura energética que nunca llegó a operar. La empresa recibió recursos públicos pese a que no cumplió con la entrega de energía, generando demandas que derivaron en su aprehensión.
El contrato original, firmado cuando Tere Jiménez Esquivel era alcaldesa de la capital hidrocálida, comprometía al municipio en un acuerdo de suministro energético mediante un parque solar con pagos proyectados por décadas. Con el paso del tiempo, el monto del contrato fue ampliado a más de 20 mil millones de pesos, a pesar de que la planta no entró en operación ni cumplió con los servicios inicialmente pactados, situación que ha generado críticas sobre la supervisión y ejecución del proyecto.
La situación se complicó cuando Maiz Domene, al ser trasladado bajo custodia de un hospital al penal, fue acusado de intentar sobornar a los agentes que lo custodiaban y de amenazarlos, lo que añadió cargos adicionales en su contra dentro del proceso judicial que enfrenta en Aguascalientes.
Este caso ha abierto un debate sobre la transparencia con la que se han gestionado contratos públicos en la administración que encabezó Tere Jiménez y que ahora encabeza su gobierno estatal. Para críticos, la detención del empresario expone fallas en la supervisión, posibles acuerdos opacos y un uso ineficiente de recursos públicos en proyectos que nunca rindieron los beneficios prometidos, lo que plantea la necesidad de una investigación más amplia por parte de la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades y evaluar el involucramiento de servidores públicos en decisiones contractuales dañinas para el erario.
