Campeche, el estado del terror: legisladores en fuga ante el garrote de Layda Sansores

Sin ley ni congreso en Campeche: el presidente del Legislativo se refugia en la CDMX para evitar la prisión por desacato a la gobernadora.

La democracia en Campeche ha sido canjeada por el exilio y el miedo. En un hecho sin precedentes, los legisladores locales han tenido que huir de su propio estado para sesionar lejos del hostigamiento sistemático de la gobernadora Layda Sansores. Lo que debería ser un ejercicio soberano de división de poderes se ha transformado en una persecución política abierta, donde disentir del Ejecutivo estatal se paga con amenazas de cárcel y asedio policial.

El epicentro de esta crisis es José Antonio Jiménez, presidente del Congreso local, quien hoy se encuentra escondido en la Ciudad de México. Su pecado fue “contrariar” las órdenes directas de la mandataria, una afrenta que en el Campeche de Sansores no se resuelve con debate, sino con órdenes de aprehensión. La parálisis legislativa es total, evidenciando que las instituciones estatales han sido reducidas a simples extensiones del capricho de una sola persona.

La tensión aumenta con el reloj en contra, ya que el líder legislativo enfrenta la amenaza real de ser detenido en cuanto pise tierras campechanas para retomar actividades este miércoles. Sin un amparo resuelto que le otorgue protección federal, Jiménez se encuentra en un limbo jurídico que retrata la vulnerabilidad de cualquier funcionario que se atreva a cuestionar el mando vertical y autoritario que emana de la oficina de la gobernadora.

Este escenario revela una realidad aterradora para los ciudadanos: en Campeche la ley no se aplica, se administra según el humor de la oficina principal de palacio. El uso de la fiscalía y la fuerza pública como herramientas de intimidación contra otros poderes del Estado ha dinamitado la estabilidad política, dejando a la entidad en un estado de indefensión donde la voluntad de Sansores pesa más que la Constitución local.

Finalmente, el éxodo de los diputados marca un precedente peligroso para el federalismo mexicano. Mientras Layda Sansores se concentra en su espectáculo mediático y en la cacería de brujas interna, el estado permanece acéfalo en materia legislativa. La pregunta no es cuándo volverán los diputados, sino si queda algo de institucionalidad a lo cual volver en un estado donde el diálogo ha sido sustituido por el garrote y la persecución.