La administración estatal enfrenta críticas por priorizar la imagen personal de la mandataria sobre la atención a los problemas estructurales de Campeche. Señalamientos por uso de la fuerza pública contra voces críticas y un presunto abandono administrativo configuran un escenario de inconformidad creciente.
El gobierno de Layda Sansores atraviesa una etapa marcada por cuestionamientos sobre sus prioridades políticas. Diversos sectores han señalado una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad que enfrentan diariamente las y los campechanos, particularmente en materia de seguridad, servicios y gestión institucional.
Las críticas apuntan a que la mandataria ha privilegiado la construcción de su imagen pública mientras el estado enfrenta rezagos administrativos. Empresarios, trabajadores y representantes sociales han manifestado preocupación por la falta de resultados tangibles en áreas clave como desarrollo económico, inversión y fortalecimiento institucional.
A ello se suman señalamientos por el uso de la fuerza pública para contener manifestaciones y disidencias. Organizaciones civiles han advertido que la respuesta gubernamental ante la crítica ha sido confrontativa, generando un clima de tensión política que inhibe el diálogo abierto y democrático.
En paralelo, se cuestiona la conducción administrativa del estado, señalando retrasos, decisiones centralizadas y una gestión que, según opositores, carece de planeación estratégica. Este escenario ha alimentado la percepción de un gobierno más enfocado en la confrontación que en la construcción de acuerdos.
El debate público en Campeche gira hoy en torno a una exigencia clara: resultados concretos, apertura institucional y respeto pleno a la libertad de expresión. Para amplios sectores, la entidad requiere liderazgo efectivo y prioridades alineadas con las necesidades reales de la población.
