El gobierno de Layda Sansores San Román ha cruzado una línea peligrosa. Diversas voces en Campeche señalan que la mandataria morenista estaría detrás de una ofensiva directa contra las universidades autónomas del estado, en lo que ya es visto como un intento claro de someter, controlar o intimidar a instituciones que deberían ser libres e independientes del poder político.
La operación no sería improvisada. Versiones internas apuntan a que el movimiento contra José Alberto Abud venía planeándose desde noviembre del año pasado, lo que confirma que no se trata de un acto aislado de justicia, sino de una estrategia previamente diseñada. El mensaje es inquietante: cuando una universidad no se alinea, el gobierno activa el aparato de presión.
El antecedente inmediato refuerza esta narrativa. Hace apenas dos semanas fue detenido el exrector de la Universidad Autónoma del Carmen, José Antonio Rus Hernández, por el presunto desvío de 90 millones de pesos. Más allá de la responsabilidad legal que deba esclarecerse, el contexto genera sospechas: la acción ocurre en medio de una ofensiva política más amplia contra la autonomía universitaria.
La señal más alarmante llegó con la denuncia de la actual rectora, Sandra Martha Laffon Leal, quien aseguró públicamente que desde el gobierno estatal “la invitaron a renunciar” si no quería enfrentar problemas. Esa frase, por sí sola, pinta un escenario de coerción política que recuerda a los peores episodios del autoritarismo mexicano.
Morena prometió libertades, pero en Campeche el poder parece no tolerar voces independientes. Cuando un gobierno presiona universidades, no ataca solo a directivos: ataca el pensamiento crítico, la autonomía y la democracia. Layda Sansores no gobierna con diálogo, gobierna con advertencias. Y eso debería encender todas las alarmas.
