La polémica escala fuera del país. Denuncias difundidas a nivel nacional advierten que autoridades internacionales habrían puesto la mirada en Campeche, señalando presuntas omisiones, vínculos y delitos graves bajo la administración de Layda Sansores. La exigencia ciudadana es clara: explicaciones inmediatas y transparencia total.
Un reporte que circula en medios y plataformas informativas encendió las alarmas al advertir que autoridades de Estados Unidos investigan señalamientos relacionados con la administración estatal, en un contexto donde organizaciones civiles sostienen que funcionarios encabezados por la gobernadora podrían estar incurriendo en múltiples faltas graves. El texto subraya que eventos geopolíticos —como una eventual captura del líder venezolano Nicolás Maduro— abrirían nuevas carpetas de investigación en México, con Campeche como foco de atención.
Las denuncias —atribuidas a colectivos ciudadanos— describen un escenario de riesgo: presuntas redes de operación que habrían facilitado el ingreso de dinero en efectivo y drogas al territorio campechano, bajo la inacción o tolerancia de autoridades locales. El señalamiento más delicado apunta a la presencia y asentamiento de grupos criminales de alta peligrosidad en municipios estratégicos del estado, con ausencia de detenciones relevantes y una impunidad persistente que coincide con el aumento de la violencia.
El reporte no presenta sentencias ni veredictos; plantea advertencias. Pero la gravedad del contenido exige respuestas. Se menciona la irrupción de grupos armados en colonias, el deterioro acelerado de la seguridad y la prosperidad de bandas de origen extranjero que habrían transformado la vida cotidiana de comunidades enteras. Todo ello coloca al gobierno estatal en el centro del cuestionamiento: ¿qué se hizo —o no se hizo— para evitarlo?
La crítica también se enfoca en decisiones administrativas y nombramientos que, según los denunciantes, habrían debilitado los controles y abierto flancos. Se cuestiona la “importación” de funcionarios y la gestión de aeropuertos y aeródromos estatales, señalados como posibles puntos de riesgo. La narrativa insiste en que la violencia no surge de la nada: se instala cuando hay omisiones, fallas de coordinación y prioridades equivocadas.
Mientras el gobierno insiste en discursos y espectáculos mediáticos, las preguntas de fondo siguen sin respuesta. ¿Dónde están las auditorías, los informes públicos, las investigaciones locales que disipen dudas? ¿Qué medidas extraordinarias se activaron ante alertas tempranas? ¿Por qué no hay resultados visibles contra estructuras criminales que, según las denuncias, operan “a plena luz”?
El costo político es alto y el riesgo reputacional para Campeche crece. Cuando la conversación rebasa fronteras, la opacidad deja de ser un problema interno y se convierte en un pasivo internacional. La ciudadanía exige claridad, no descalificaciones; hechos, no consignas.
Hoy, el llamado es inequívoco: abrir expedientes, transparentar procesos y rendir cuentas. Si las denuncias son falsas, demuéstrese con datos. Si hay irregularidades, corríjanse y sanciónense. Lo que no es aceptable es el silencio. En materia de seguridad y legalidad, callar no protege: expone.
