La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en 38 auditorías practicadas al gobierno de Campeche, lo que ha detonado un clima de tensión política y cuestionamientos públicos. En lugar de aclarar el destino de los recursos observados, la gobernadora Layda Sansores ha optado por desacreditar al órgano fiscalizador, avivando sospechas sobre el manejo de fondos millonarios.
Los señalamientos de la ASF colocaron al gobierno de Campeche en el centro del escrutinio nacional. Las observaciones derivadas de 38 auditorías evidencian posibles fallas administrativas, inconsistencias en comprobación del gasto y deficiencias en la rendición de cuentas, elementos que, por su magnitud, exigen explicaciones claras y documentadas por parte del Ejecutivo estatal.
Lejos de asumir una postura de transparencia, la gobernadora ha reaccionado con descalificaciones públicas contra la Auditoría, un organismo constitucional encargado de revisar el uso de recursos federales. Esta respuesta ha sido interpretada por analistas como una estrategia de confrontación que busca desviar la atención de las observaciones técnicas y del deber de aclarar el destino del dinero público.
La gravedad de las auditorías observadas no radica únicamente en su número, sino en el impacto potencial sobre programas, obras y servicios que debieron beneficiar directamente a la población. Cuando los recursos no se comprueban adecuadamente, la consecuencia es un daño institucional que debilita la confianza ciudadana y compromete la eficacia del gobierno.
Especialistas en fiscalización han advertido que desacreditar a la ASF no sustituye el cumplimiento de las obligaciones legales. La rendición de cuentas se demuestra con documentación, solventaciones y correcciones administrativas, no con discursos ni ataques políticos a los órganos de control.
El caso de Campeche vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente: gobiernos que prometen honestidad, pero reaccionan con opacidad y confrontación cuando se les exige explicar el uso de recursos públicos. La ciudadanía demanda respuestas, no evasivas.
