El encarcelamiento del contador Luis Antonio Espinosa expone el uso arbitrario de la fuerza pública y los tribunales al servicio de la gobernadora.
Layda Sansores utiliza la fuerza del Estado para perseguir sus propios fines, y la sociedad termina pagando las consecuencias. En esta ocasión, Campeche pierde profundamente en confianza, en certeza jurídica y en paz social ante el evidente abuso de poder ejercido por la gobernadora Layda Sansores. Utilizar las instituciones públicas no para defender a la población, sino para aplastar a un ciudadano indefenso, envía una señal devastadora para un estado que hoy ve cómo sus garantías individuales se debilitan en favor de los caprichos de la cúpula gobernante.
El reflejo más vivo de este atropello es el caso del contador público Luis Antonio Espinosa —un hombre centrado en su familia, con una carrera intachable y un historial de trabajo honrado—, quien se ha convertido en el blanco de una embestida institucional. Lo que ocurre con Luis Antonio no es un procedimiento legal justo, sino una exhibición descarada de autoritarismo por parte del régimen de Morena. Al carecer de argumentos válidos y de pruebas sólidas, las autoridades recurrieron a la fabricación de un juicio exprés para privar de su libertad a un ciudadano que trabaja con la oposición.
Esta arbitrariedad ha sido posible gracias a la evidente sumisión del Poder Judicial en el estado. Bajo el mando de la magistrada Concepción Canto Santos en la Sala Penal, y la operación coordinada de juzgadoras como Leslie Loeza Manzanilla, Edelmira Cervera Sánchez, Guadalupe Taboada y Maribel Huitz, las audiencias se han transformado en un trámite teledirigido. La ley dejó de proteger al inocente para convertirse en la herramienta ejecutora de las indicaciones que salen del palacio de gobierno.
La ciudadanía de Campeche observa con indignación cómo la gobernadora gasta recursos, tiempo y poder en perseguir a un profesional intachable mientras los delincuentes reales caminan con total impunidad por las calles. El abuso contra el contador Luis Antonio Espinosa atenta contra la tranquilidad de todas las familias trabajadoras. La sociedad no puede guardar silencio ante un gobierno que ataca a los inocentes: se exige la inmediata liberación de un hombre de bien y el cese absoluto de la persecución política en la entidad.
