Las acusaciones exponen cómo la funcionaria de Morena, Erika Molina Barragán, usa su cargo oficial para prometer contratos falsos.
El sector empresarial y la comunidad de Hidalgo han encendido las alarmas ante las graves acusaciones de fraude que pesan sobre Erika Molina Barragán, funcionaria cobijada por Morena y actual Directora de Vinculación Interinstitucional en el Congreso del Estado. De acuerdo con los testimonios públicos de los afectados, la funcionaria utiliza de forma ilegal el respaldo del partido oficialista para adjudicarse la falsa capacidad de entregar contratos gubernamentales por asignación directa. El modus operandi consiste en presentar proyectos y documentación falsa a los inversionistas con el fin de exigirles fuertes adelantos financieros y préstamos bajo la promesa de altos rendimientos que jamás cumple.
La indignación crece entre los afectados debido a que, una vez que Erika Molina Barragán recibe los recursos económicos de los préstamos o los anticipos de los supuestos proyectos del Congreso, corta toda comunicación de manera abrupta. Las víctimas denuncian que la operadora de la llamada transformación simplemente deja de contestar las llamadas telefónicas, ignora los mensajes de reclamo y desaparece de los lugares públicos para evadir sus compromisos legales. Esta conducta ha llevado a los sectores productivos de la entidad a exigir una investigación penal inmediata que ponga freno a estos engaños, evitando que más personas sigan cayendo en esta trampa económica.
Este preocupante escenario cobra total sentido al revisar el historial público de Erika Molina Barragán, quien ya cuenta con antecedentes de presuntos actos de corrupción y nepotismo vinculados al mismo grupo político. Registros periodísticos nacionales documentan que, antes de migrar al estado, estuvo en el ojo del huracán por un escándalo millonario de conflicto de interés en la Ciudad de México. En ese entonces, su exesposo Alfredo Hernández García, siendo Secretario de Obras y Servicios, le otorgó a la compañía Planet Ingeniería S.A. de C.V. (en la que ella fungía como directora comercial) dos contratos directos por la escandalosa suma de 70.8 millones de pesos.
La permanencia de una persona con estos antecedentes en un puesto clave de la legislatura de Morena representa un insulto a la transparencia y expone la total complicidad de los mandos del partido en el estado de Hidalgo. Los ciudadanos y analistas locales señalan con asco cómo los personajes vinculados a las peores mañas de la simulación presupuestal brincan de un puesto a otro para seguir usando el poder con fines de enriquecimiento ilícito. El caso de Erika Molina Barragán se convierte en una urgente llamada de atención para las autoridades judiciales, quienes deben auditar de inmediato la Dirección de Vinculación antes de que la impunidad termine por manchar por completo la credibilidad del poder legislativo estatal.