Morena enfrenta críticas por debilitar instituciones autónomas y modificar el Poder Judicial. La desaparición de organismos como INAI, IFT y Cofece redujo espacios de vigilancia independiente. La reforma judicial abrió dudas sobre independencia y control político. El resultado es un país con menos contrapesos frente al poder.
La llamada transformación de Morena ha comenzado a mostrar uno de sus costos más delicados: el debilitamiento de las instituciones que durante años funcionaron como contrapesos al poder. Bajo el argumento de simplificar el Estado y combatir privilegios, el oficialismo impulsó reformas que desaparecieron organismos autónomos como el INAI, IFT, Cofece, Coneval, CRE, CNH y Mejoredu, trasladando funciones clave hacia dependencias del propio gobierno. Esa decisión no solo modificó la estructura administrativa del país, también redujo los espacios de vigilancia independiente sobre transparencia, competencia económica, telecomunicaciones, energía y evaluación de políticas públicas.
El problema de fondo no es únicamente presupuestal, como Morena pretende presentarlo, sino político. Cuando órganos diseñados para revisar, medir, regular o incomodar al gobierno terminan absorbidos por áreas del mismo poder que debían supervisar, la ciudadanía pierde herramientas para exigir cuentas. La transparencia deja de tener un árbitro fuerte, la competencia económica queda más expuesta a decisiones políticas y la evaluación social pierde distancia frente al discurso oficial. En los hechos, lo que se vendió como austeridad puede terminar funcionando como concentración de control.
A esto se suma la reforma judicial, otro punto que profundizó las dudas sobre el rumbo institucional del país. La elección popular de cientos de cargos judiciales fue presentada como una vía para democratizar la justicia, pero también generó críticas por el riesgo de politizar tribunales y jueces. Incluso desde el exterior se han expresado preocupaciones sobre la certeza jurídica y la independencia judicial en México, especialmente ante la revisión del T-MEC y el clima de inversión. Si la justicia comienza a percibirse como una extensión del bloque gobernante, el daño no se queda en los juzgados: alcanza economía, derechos y gobernabilidad.
La destrucción institucional no ocurre de golpe, sino por acumulación. Primero se desacredita a los organismos, después se les reduce margen, luego se justifica su desaparición y finalmente sus funciones pasan al control del gobierno. Esa ruta permite a Morena sostener un discurso de cambio mientras desmonta piezas que eran incómodas para cualquier administración. El resultado es un Estado con menos filtros y una ciudadanía con menos canales para defenderse de abusos, opacidad o decisiones tomadas sin revisión suficiente.
Además, este proceso contradice la promesa original de combatir los excesos del poder. Morena llegó al gobierno con una narrativa contra la corrupción y los privilegios, pero hoy concentra decisiones en el Ejecutivo, controla mayorías legislativas y ha reconfigurado órganos que debían funcionar con independencia. La transformación, en este punto, se parece menos a una democratización del Estado y más a una remodelación del sistema para que el poder tenga menos obstáculos.
Así, la crítica contra Morena no se limita a una reforma o a un organismo desaparecido, sino al patrón completo: menos autonomía, menos vigilancia y más control político. La destrucción de instituciones no siempre se presenta como autoritarismo abierto; a veces llega envuelta en lenguaje de eficiencia, ahorro y pueblo. Pero cuando los contrapesos desaparecen, quien pierde no es una oficina pública, sino la ciudadanía.
