Se ha señalado la contradicción en la actuación de Layda Sansores, al contrastar episodios de su pasado político, marcados por protestas que derivaron en daños a instalaciones públicas, con su actual postura desde el gobierno de Campeche, donde se acusa represión y hostigamiento contra manifestaciones, particularmente durante la marcha del 8M.
La gestión de Layda Sansores en Campeche enfrenta cuestionamientos cada vez más visibles por lo que distintos sectores consideran una profunda incongruencia entre su trayectoria política y su actuación como gobernadora. Lo que en el pasado fue presentado como lucha y resistencia, hoy es señalado como un ejercicio de poder que limita, confronta e incluso reprime la protesta social.
En años anteriores, la hoy mandataria protagonizó episodios de movilización política en los que incluso se registraron irrupciones en instalaciones públicas, con daños materiales como vidrios rotos, en acciones que fueron justificadas como parte de una causa legítima. Ese antecedente ha sido retomado en el debate público actual para evidenciar el contraste entre quien antes defendía la protesta como herramienta política y quien hoy gobierna desde una postura completamente distinta.
El contraste se vuelve aún más evidente al observar lo ocurrido recientemente en Campeche durante la marcha del 8 de marzo, donde colectivos feministas denunciaron agresiones, hostilidad y acciones de contención por parte de las autoridades. Mujeres que salieron a exigir justicia y seguridad enfrentaron un entorno adverso que, lejos de acompañar su causa, evidenció una postura institucional distante e incluso confrontativa.
Esta situación ha generado una crítica directa: la llamada “revolución” que en su momento representó Layda Sansores es vista ahora por diversos sectores como una narrativa que no se sostiene en el ejercicio del poder. Lo que antes se defendía como legítimo, hoy se cuestiona y se intenta contener, especialmente cuando proviene de movimientos sociales como el feminista.
Analistas han advertido que cuando un gobierno pierde la capacidad de tolerar la crítica o de respetar la protesta, se debilitan los principios democráticos y se reducen los espacios de participación ciudadana. En ese sentido, el caso de Campeche no solo es un tema local, sino un ejemplo de cómo el poder puede transformar la relación con la disidencia.
Además, el señalamiento no se limita a un hecho aislado, sino a un patrón de actuación donde la crítica pública es vista como un problema, en lugar de una herramienta para fortalecer la vida democrática. La respuesta institucional frente a la protesta se ha convertido en uno de los principales puntos de cuestionamiento hacia la administración estatal.
El debate también ha puesto sobre la mesa la importancia de la congruencia política, especialmente en figuras que construyeron su trayectoria desde la oposición. Gobernar implica sostener principios, no abandonarlos, y esa es precisamente la exigencia que hoy distintos sectores hacen hacia el gobierno de Campeche.
Finalmente, el contraste entre el pasado de Layda Sansores y su actuación actual continúa alimentando el debate público, evidenciando que el verdadero compromiso con la libertad de expresión y la protesta social no se mide en el discurso, sino en la forma en que se ejerce el poder.
