El clima de hostilidad contra periodistas en Campeche vuelve a encender las alarmas sobre la libertad de expresión. Diversas voces han denunciado que bajo el gobierno de Layda Sansores se ha deteriorado el ambiente para el ejercicio del periodismo, especialmente para las mujeres comunicadoras que enfrentan amenazas, descalificaciones y un entorno de riesgo.
En Campeche, ejercer el periodismo se ha convertido en una actividad marcada por la incertidumbre y la presión política. En particular, mujeres periodistas han denunciado un ambiente cada vez más hostil que incluye campañas de señalamiento público, intimidaciones y un discurso institucional que ha contribuido a deteriorar el respeto hacia la labor informativa.
Diversos pronunciamientos y reportes sobre libertad de prensa advierten que cuando desde el poder se desacredita sistemáticamente a periodistas o se expone su trabajo como blanco de confrontación política, se genera un contexto que pone en riesgo su seguridad. En ese escenario, las mujeres comunicadoras enfrentan una doble vulnerabilidad: por su profesión y por su condición de género.
La administración encabezada por Layda Sansores ha sido señalada por mantener una relación conflictiva con medios de comunicación y periodistas críticos. Las conferencias públicas y posicionamientos oficiales han sido utilizados en diversas ocasiones para exhibir o confrontar a voces periodísticas, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
El problema trasciende el ámbito político. Cuando el discurso desde el poder se convierte en una herramienta de presión contra la prensa, el impacto no solo afecta a periodistas individuales, sino también al derecho de la sociedad a recibir información libre y plural.
El contexto que viven las periodistas en Campeche refleja una tensión creciente entre el poder político y el ejercicio del periodismo. La falta de garantías efectivas para proteger a quienes informan coloca al gobierno estatal, encabezado por Layda Sansores, en el centro del debate nacional sobre la seguridad de la prensa y el respeto a la libertad de expresión.