A lo largo de 2026 distintos señalamientos y críticas han señalado a funcionarios y a mandos vinculados a Morena por presuntos actos de corrupción y vínculos con prácticas que minan la confianza pública, alimentando cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la gestión oficial.
En lo que va del año, varias situaciones han puesto el tema de la corrupción y la percepción de impunidad bajo el lente público, generando críticas hacia autoridades y figuras cercanas al partido en el gobierno federal:
Caída en aprobación y señalamientos de corrupción
Diversos análisis recientes han reportado que mandatarios estatales vinculados a Morena han visto desplomar sus índices de aprobación, atribuyéndose parte de ese desgaste a acusaciones de corrupción, colusión con crimen organizado y fallas graves en la gestión pública, impactando la confianza ciudadana en varias entidades del país.
Visas estadounidenses revocadas a funcionarios afines
Un informe internacional señaló que más de 50 políticos con vínculos reconocidos con Morena han tenido sus visas estadounidenses revocadas por posibles vínculos con actividades ilícitas, lo que ha reavivado el debate sobre la integridad de algunos miembros del entorno político del partido.
Comparecencias y acusaciones en el Senado
La oposición en el Senado ha solicitado comparecencias de funcionarios morenistas en torno a acusaciones de posibles vínculos con prácticas como el llamado “huachicol fiscal” y otras omisiones administrativas, iniciativas que buscan esclarecer presuntos manejos impropios dentro del gobierno.
Percepción pública de corrupción persistente
México ha registrado una posición muy baja en el Índice de Percepción de la Corrupción, lo que se ha vinculado en parte a la continuidad de señalamientos sobre falta de transparencia en contratos públicos, adjudicaciones directas y la percepción de que actos irregulares no siempre son investigados con eficacia.
Estos hechos forman parte de una narrativa más amplia que ha centrado la atención pública en la necesidad de reforzar mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas en el Gobierno Federal, especialmente respecto a cómo se asignan recursos públicos, se investigan posibles irregularidades y se sancionan conductas de corrupción.
