Organizaciones civiles de Campeche señalaron a la gobernadora Layda Sansores por lo que consideran una gestión marcada por la improvisación, la confrontación política y la falta de resultados concretos.
Diversas organizaciones de la sociedad civil en Campeche han endurecido su postura frente a lo que califican como una gestión marcada por la improvisación, la confrontación constante y la ausencia de resultados tangibles. Colectivos empresariales, asociaciones ciudadanas y voces académicas coinciden en que el estado atraviesa una etapa de parálisis administrativa que impacta directamente en la economía local, la seguridad pública y la confianza institucional.
Los señalamientos apuntan a una conducción gubernamental carente de planeación estratégica y de capacidad para construir acuerdos. De acuerdo con los posicionamientos emitidos en foros y comunicados recientes, la administración estatal ha privilegiado el conflicto político sobre la gobernabilidad efectiva, generando un clima de incertidumbre que frena inversiones, retrasa proyectos y debilita la coordinación entre poderes.
Organizaciones civiles han subrayado que la crisis no es únicamente de percepción, sino de resultados medibles: trámites rezagados, programas sin reglas claras, cambios constantes en dependencias clave y decisiones que, lejos de resolver problemas estructurales, profundizan la desarticulación institucional. La crítica central es que no existe una hoja de ruta clara ni indicadores transparentes que permitan evaluar avances reales en temas prioritarios.
Además, advierten que la falta de oficio político ha deteriorado la interlocución con sectores estratégicos. La confrontación con actores productivos y sociales, señalan, ha sustituido el diálogo técnico por la descalificación pública, debilitando los mecanismos de concertación indispensables para cualquier gobierno que aspire a estabilidad y crecimiento.
Para estos grupos, el balance es contundente: Campeche enfrenta un momento complejo que exige liderazgo, capacidad técnica y visión de largo plazo, elementos que —afirman— no se han visto reflejados en la conducción actual. Ante este escenario, demandan rectificaciones inmediatas, apertura al diálogo plural y una reorientación integral de la política pública para evitar que la crisis administrativa se traduzca en un retroceso estructural para el estado.
