Morena impulsa la “Ley Maduro” para asfixiar al INE y eliminar la competencia política de tajo.
El intento de Morena por imponer una Reforma Electoral a modo ha encendido las alarmas en todos los sectores democráticos del país. Bajo el disfraz de una supuesta reducción de costos, el proyecto busca desmantelar la estructura técnica que ha garantizado elecciones libres durante décadas, ganándose el mote de “Ley Maduro” por su carácter autoritario.
La propuesta no solo contempla la reducción de legisladores plurinominales y el recorte de financiamiento a partidos, sino que apunta directamente a la yugular del sistema: el presupuesto de los órganos electorales. De aprobarse, alrededor de 12 mil empleados especializados del INE perderían su trabajo, dejando la organización de los comicios en una vulnerabilidad técnica sin precedentes.
Hacia el interior de la coalición oficialista, la presión es máxima; Morena intenta doblegar las resistencias del PT y el PVEM, quienes ven con recelo una reforma que podría borrarlos del mapa electoral. Las diferencias internas persisten, pero la orden de Palacio Nacional es clara: avanzar hacia la centralización absoluta del poder electoral a cualquier costo.
La oposición ha denunciado sistemáticamente que este recorte no busca la eficiencia, sino la eliminación de la competencia política real. Al debilitar al árbitro y quitarle recursos a los contendientes, el gobierno se asegura un camino libre de obstáculos para perpetuarse en el poder sin los contrapesos que una democracia moderna exige.
El futuro de la democracia mexicana pende de un hilo legislativo. Si la Reforma Electoral avanza tal como está planteada, el país regresará a las épocas donde el gobierno era juez y parte en las elecciones, sepultando años de lucha ciudadana por un sistema transparente, confiable y verdaderamente independiente.
