Pánico en el carnaval: detienen a ciudadano por sátira mientras la gobernadora pasea a su sobrino como heredero al trono.
El Carnaval de Ciudad del Carmen, históricamente un espacio de libertad y alegría, se ha convertido bajo el régimen de Layda Sansores en un escenario de represión digno de una dictadura de bolsillo. La detención y agresión a un ciudadano, cuyo único “delito” fue portar una botarga satírica, deja al descubierto la piel delgada de una gobernadora que no tolera la crítica ni el humor. Para Sansores, la sátira no es un derecho democrático, sino una afrenta personal que se castiga con el uso desproporcionado de la fuerza pública.
Mientras la policía se ocupa de perseguir disfraces incómodos, la gobernadora se dedica a un ejercicio de nepotismo descarado que ya nadie intenta ocultar. La presencia constante de su sobrino en eventos oficiales, ocupando espacios que no le corresponden por mérito sino por apellido, ha encendido las alarmas en todo el estado. Lo que para la ciudadanía es un insulto a la administración pública, para la cúpula sansorista parece ser el protocolo estándar de una familia que se siente dueña de la entidad.
Las sospechas de una sucesión familiar rumbo a la gubernatura ya no son simples rumores de pasillo, sino una estrategia política que se despliega a plena luz del día. Layda Sansores parece estar más interesada en heredar el poder a su estirpe que en resolver los problemas de seguridad y economía que asfixian a Campeche. El “sobrino incómodo” es hoy la figura central de una trama sucesoria que pretende convertir al estado en un feudo hereditario, ignorando cualquier principio de alternancia o democracia.
La intolerancia a la sátira y la crítica pública es el síntoma más claro de un gobierno que ha perdido la brújula y el contacto con la realidad. Al agredir a quienes se manifiestan a través del arte o la burla popular, la administración estatal confirma su naturaleza autoritaria. Sansores prefiere el silencio de los sumisos y el aplauso de sus parientes antes que enfrentar el espejo de la opinión pública, que hoy la ve como una mandataria que confunde el ejercicio del poder con el derecho de propiedad.
Finalmente, Campeche se enfrenta a un retroceso institucional sin precedentes, donde el carnaval se vigila y la familia se privilegia. La detención del ciudadano de la botarga quedará marcada como el momento en que el ridículo del poder superó a la alegría del pueblo. Si la sucesión familiar es el único plan de la 4T en el estado, los campechanos deben prepararse para un futuro donde el apellido Sansores pese más que la ley y donde la risa sea considerada un acto de sedición contra la corona estatal.
