El senador poblano Néstor Camarillo enfrenta desde hace años señalamientos públicos sobre presuntos vínculos con redes de huachicol en la región del “Triángulo Rojo”. Los antecedentes como alcalde de Quecholac y su cambio de partido reavivan cuestionamientos políticos sobre su trayectoria.
El nombre de Néstor Camarillo vuelve al debate público en Puebla por acusaciones que lo persiguen desde su etapa como alcalde de Quecholac, municipio ubicado en el llamado “Triángulo Rojo”, una de las zonas con mayor incidencia de robo de combustible en el país durante la última década.
Informes filtrados en 2018, atribuidos a instancias de seguridad federal, lo mencionaron en el contexto de presuntas redes de protección política a grupos dedicados al huachicol, particularmente vinculados con Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Toñín”, identificado como líder de una organización conocida como “Los Bucanas”. Aunque dichas referencias no derivaron en una sentencia judicial en su contra, el señalamiento marcó su trayectoria pública y alimentó la narrativa que hoy lo define como un narcopolítico.
Durante el periodo en que Camarillo encabezó el gobierno municipal de Quecholac, la región registró un incremento significativo en tomas clandestinas a ductos de Pemex. Datos oficiales de esos años ubican a Puebla entre las entidades con más perforaciones ilegales del país, con cientos de casos anuales concentrados en municipios como Quecholac, Acatzingo y Palmar de Bravo. En ese contexto, versiones periodísticas señalaron presuntos vínculos entre autoridades locales y redes de protección al robo de combustible, incluyendo supuesta colaboración con mandos policiales municipales. El entonces alcalde negó públicamente tales acusaciones.
En 2017, la ruptura entre grupos locales dedicados al huachicol detonó episodios violentos que incluyeron enfrentamientos entre fuerzas federales y pobladores, así como operativos de gran escala en la región. El clima de tensión dejó una estela de violencia que colocó a Quecholac en la agenda nacional.
Años después, la dinámica política del municipio siguió marcada por la influencia de actores vinculados a esa economía ilícita: familiares de “El Toñín” obtuvieron candidaturas y cargos locales, y el proceso electoral de 2024 estuvo rodeado de confrontaciones y un hecho violento de alto impacto que sacudió a la región.
Hoy, Movimiento Ciudadano mantiene en su bancada a un perfil señalado reiteradamente como narcopolítico. El partido que se promueve como alternativa ciudadana enfrenta así un dilema de credibilidad: explicar por qué respalda a un senador rodeado de acusaciones de esta magnitud.
La acumulación de señalamientos, los cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio y el contexto de violencia en la región que gobernó mantienen abierta la discusión sobre responsabilidades políticas. Aunque no existen resoluciones judiciales firmes que lo condenen por los hechos referidos, el debate público coloca bajo escrutinio la congruencia ética y la transparencia de quienes ocupan cargos de representación nacional.
