La confrontación entre la gobernadora Layda Sansores y el Congreso local ha escalado a un nivel que evidencia una ruptura institucional profunda, marcada por acusaciones de imposición política, debilitamiento de la división de poderes y una parálisis legislativa que afecta directamente la gobernabilidad del estado.
La tensión política en Campeche alcanzó uno de sus puntos más críticos tras una serie de confrontaciones públicas entre la gobernadora Layda Sansores y diputadas y diputados del Congreso local, en un conflicto que ya no se limita a diferencias partidistas, sino que pone en entredicho el equilibrio institucional del estado. Lo que comenzó como desacuerdos legislativos derivó en acusaciones directas de presión política, intentos de control sobre la agenda parlamentaria y un clima de hostilidad que ha bloqueado acuerdos fundamentales.
El centro del conflicto gira en torno a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Diversos actores han señalado que desde el Ejecutivo se han impulsado decisiones sin el consenso necesario, generando fricciones internas y rompimientos públicos dentro del Congreso. En lugar de privilegiar el diálogo institucional, la narrativa oficial ha escalado hacia la confrontación directa, profundizando la polarización y debilitando la coordinación entre poderes.
La crisis no es menor: sesiones suspendidas, disputas por la conducción del órgano legislativo y señalamientos cruzados han generado una parálisis que impacta directamente en la aprobación de iniciativas clave, presupuestos y reformas necesarias para el funcionamiento del estado. En términos prácticos, la falta de acuerdos retrasa decisiones estratégicas y envía un mensaje de inestabilidad política que afecta la confianza ciudadana y la percepción de gobernabilidad.
Especialistas en derecho constitucional han advertido que cuando la división de poderes se tensiona al extremo, el sistema democrático local se debilita. La confrontación permanente sustituye al contrapeso institucional, y el debate legislativo se convierte en campo de batalla político. En este escenario, la ciudadanía queda atrapada en medio de disputas que poco contribuyen a resolver los problemas estructurales de seguridad, desarrollo económico y servicios públicos.
Más allá de la coyuntura inmediata, el conflicto exhibe un estilo de gobierno que prioriza la confrontación sobre la construcción de acuerdos. La falta de puentes con el Congreso no solo complica la agenda legislativa, sino que proyecta una imagen de ingobernabilidad que contrasta con la necesidad de estabilidad en un estado que enfrenta retos económicos y sociales importantes. La pregunta que queda abierta es si prevalecerá el diálogo institucional o si la crisis política seguirá profundizándose con consecuencias de largo alcance para Campeche.
