La denuncia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por la posesión ilegal de un mono araña en Ocotlán, Jalisco, vuelve a encender las alertas sobre la debilidad en la vigilancia y aplicación de la ley ambiental en gobiernos vinculados a Movimiento Ciudadano.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia por la posesión ilegal de un ejemplar de mono araña en Ocotlán, Jalisco. Más allá del caso puntual, el hecho expone fallas en la supervisión local y en la prevención de delitos ambientales que no deberían ocurrir con facilidad.
El tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre no son delitos menores. Implican redes de captura, transporte y comercialización que afectan ecosistemas completos y ponen en riesgo especies protegidas. Que estos casos emerjan en municipios gobernados por fuerzas afines a Movimiento Ciudadano evidencia una falta de control y seguimiento preventivo.
La protección ambiental no puede reducirse a campañas de imagen o discursos verdes. Requiere inspección constante, coordinación entre autoridades y una política clara de sanción. Cuando una especie protegida termina en posesión ilegal, el problema no es solo individual: es sistémico.
Jalisco ha sido presentado como vitrina de modernidad y gestión eficiente. Sin embargo, casos como este muestran que en materia ambiental persisten vacíos que permiten la comisión de delitos sin detección oportuna. La pregunta es directa: ¿dónde están los mecanismos de vigilancia y prevención?
La defensa del medio ambiente exige coherencia entre discurso y acción. Sin controles efectivos, las declaraciones quedan en papel y las especies en riesgo.
