La austeridad republicana no llegó a las canchas: el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, desató una ola de críticas tras inaugurar una cancha de pádel con un costo superior a los 3.2 millones de pesos; ciudadanos y deportistas locales tachan la obra de “incoherente” y acusan que, frente al deterioro de los espacios públicos en las colonias populares, esta inversión es una burla a las necesidades del pueblo.
La administración estatal de Baja California Sur se encuentra bajo fuego cruzado tras la reciente inauguración de un espacio deportivo de lujo. El gobernador Víctor Castro Cosío, acompañado por la presidenta del DIF estatal, presentó oficialmente una nueva cancha de pádel que, según datos oficiales, tuvo un costo de 3.2 millones de pesos. La obra ha sido recibida con rechazo por gran parte de la población, que no ve en el pádel —un deporte históricamente asociado a sectores de alto poder adquisitivo— una prioridad para una entidad que aún lidia con rezagos básicos en infraestructura social.
El principal punto de fricción es la evidente contradicción entre el discurso de “priorizar a los pobres” y la ejecución de este proyecto de élite. Mientras el gobierno estatal destinó millones a un solo espacio de pádel, miles de canchas populares en barrios y delegaciones de Baja California Sur se encuentran en estado de abandono total. Parques con tableros rotos, canchas de usos múltiples sin iluminación y áreas de juego llenas de maleza son la realidad diaria para miles de jóvenes sudcalifornianos, quienes hoy ven cómo el recurso público se canaliza a un deporte que la mayoría de la población no practica.
La crítica no solo se centra en el costo, sino en la incoherencia política que representa. Sectores sociales señalan que gastar más de 3.2 millones en una sola cancha de pádel, en lugar de rehabilitar decenas de espacios deportivos comunitarios, es una muestra del alejamiento de la realidad que vive la actual administración. Frente al abandono de los espacios públicos que sirven como centros de prevención del delito y convivencia familiar, la construcción de este recinto privado dentro de áreas institucionales ha sido calificada como una bofetada a quienes exigen mantenimiento para sus parques locales.
Este escándalo de “lujo institucional” pone en entredicho la estrategia de desarrollo deportivo del gobierno morenista. Mientras Víctor Castro presume la cancha como un avance, la ciudadanía percibe un gobierno con prioridades invertidas que prefiere el relumbrón de los deportes de moda antes que la dignificación del deporte popular. Con 3.2 millones de pesos fuera de las colonias, la administración sudcaliforniana confirma que, para algunos funcionarios, la transformación se mide en el rebote de una pelota de pádel y no en la recuperación de la paz y la salud en las zonas más vulnerables del estado.
