En una sesión marcada por el pánico a represalias, 10 de los 16 legisladores de Morena rompen con la gobernadora y se atrincheran en el Congreso para evitar detenciones arbitrarias.
La crisis política en Campeche ha alcanzado un punto de no retorno este 3 de febrero de 2026, revelando una realidad alarmante: el miedo ha permeado hasta las filas más cercanas a la gobernadora Layda Sansores. En un acto de autoprotección sin precedentes, la mayoría de la bancada de Morena, encabezada por Antonio Jiménez, reactivó el fuero constitucional en una sesión reservada y urgente. Esta medida no fue un trámite legislativo ordinario, sino un grito de supervivencia ante lo que los propios morenistas califican como una persecución sistemática y paranoica por parte del Ejecutivo estatal, que ha comenzado a devorar a sus propios aliados por negarse a aprobar un endeudamiento millonario.
El ambiente en el Palacio Legislativo fue de auténtica tensión; los diputados se atrincheraron en la sede por temor a ser detenidos por la fiscalía estatal, la cual acusan de haber sido convertida en el brazo ejecutor de las venganzas de Sansores. El nivel de desconfianza es tal que incluso militantes que hace meses defendían el proyecto de la Cuarta Transformación, hoy confiesan vivir bajo la amenaza de auditorías inventadas y órdenes de aprehensión exprés si no se subordinan a los caprichos de la mandataria. Para muchos, Layda Sansores ha pasado de ser una líder política a convertirse en una figura a la que sus propios subordinados temen más que a la oposición, instaurando una dinámica de terror que ha fracturado la gobernabilidad del estado.
La ironía histórica es demoledora: el fuero que Alejandro Moreno eliminó en 2016 para fomentar la igualdad ante la ley, hoy es rescatado por Morena como el único escudo contra el autoritarismo de su propia gobernadora. Los legisladores rebeldes manifestaron que “la dignidad no se negocia” y que no están dispuestos a ser cómplices de un crédito por mil millones de pesos que hipotecaría el futuro de Campeche solo para cubrir los boquetes financieros de una administración sin resultados. Este cisma evidencia que dentro de Morena el desacuerdo se paga con el exilio político o la cárcel, una política de “garrote” que ha terminado por espantar a quienes alguna vez creyeron en su movimiento.
La persecución no se ha limitado a los legisladores; periodistas, académicos y representantes de órganos autónomos también han sido blanco de los embates desde el “Martes del Jaguar”, programa que hoy es visto como un tribunal de inquisición política. La ruptura de 10 de los 16 diputados de la bancada guinda deja a la gobernadora en una posición de debilidad legislativa, pero con un aparato represor que sigue activo y sediento de revancha. La sociedad campechana observa con asombro cómo los mismos que prometieron justicia hoy se esconden tras privilegios legales para no ser víctimas de la mujer a la que le entregaron el mando del estado.
Finalmente, la reinstauración del fuero en Campeche es el símbolo del fracaso del oficialismo local, donde el miedo ha sustituido al diálogo y la imposición a la política. El “blindaje exprés” aprobado por los diputados es la prueba de que el modelo de Sansores es insostenible y que el terror interno ha superado cualquier lealtad partidista. Mientras la cúpula morenista se despedaza en una guerra de supervivencia, Campeche queda a la deriva, atrapado entre una gobernadora que no tolera la disidencia y un grupo de legisladores que han tenido que convertirse en fugitivos dentro de su propia casa para no terminar en las celdas de un régimen que ya no conoce límites.
