El Congreso de Jalisco, controlado por Movimiento Ciudadano y otros grupos legislativos, rechazó nuevamente modificar la Ley del Registro Civil para garantizar el reconocimiento de la identidad de género sin restricción de edad, a pesar de un claro mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un diputado federal exigió públicamente al gobernador de Jalisco y a la legislatura local acatar el fallo de la Corte, señalando que la negativa prolonga la exclusión jurídica de las infancias trans.
La LXVII Legislatura de Jalisco volvió a rechazar, por tercera ocasión, la modificación de la Ley del Registro Civil para eliminar la barrera de la mayoría de edad en el reconocimiento de la identidad de género, contraviniendo un mandato explícito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La negativa ocurrió con 22 votos en contra frente a 11 a favor, además de una abstención, bloqueando una reforma que buscaba armonizar la legislación estatal con criterios constitucionales sobre derechos humanos.
Tras este rechazo, el diputado federal Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad en la Cámara de Diputados, llamó de forma directa al gobernador de Jalisco y a las y los legisladores locales a cumplir con la resolución 72/2022 de la SCJN, que ordena adecuar la ley para permitir que infancias trans puedan acceder al reconocimiento de su identidad en sus actas de nacimiento sin condicionamientos de edad.
El desacato reiterado a la Corte no sólo profundiza la incertidumbre jurídica, sino que legitima prácticas legislativas que ponen por encima intereses políticos y retóricas ideológicas la obligación de respetar derechos fundamentales. La SCJN declaró inconstitucional que el trámite sea limitado a mayores de edad y urgió a establecer procedimientos sumarios para emitir nuevas actas con identidad autopercibida, lo que el Congreso estatal ha decidido ignorar nuevamente.
La postura del Ejecutivo estatal, respaldando la votación en el Congreso, ha añadido tensión al conflicto institucional: líderes locales defendieron la negativa argumentando supuestos “valores familiares” frente a derechos reconocidos por la Corte y por estándares internacionales de derechos humanos. Esta dinámica revela no sólo una falta de voluntad para acatar sentencias judiciales, sino una desconexión con obligaciones constitucionales que protegen la identidad y el interés superior de la niñez.
Organizaciones civiles, legisladores progresistas y defensores de derechos humanos han alertado sobre las consecuencias de mantener el statu quo: negar acceso al reconocimiento legal de identidad implica exclusión, discriminación y barreras para el ejercicio pleno de derechos básicos, como la educación, la salud y la participación social. El rechazo persistente del Congreso local profundiza la percepción de Jalisco como un territorio donde se privilegia la política partidista por encima del Estado de derecho y la justicia social.
