A pesar del discurso oficial, el huachicol no solo persiste sino que se ha diversificado, generando pérdidas millonarias, violencia regional y un profundo deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.
El huachicol se ha convertido en uno de los mayores fracasos del gobierno de Morena. Lejos de erradicarlo, como se prometió al inicio del sexenio, el robo y tráfico ilegal de combustibles continúa expandiéndose, afectando la seguridad, la economía y la credibilidad del Estado mexicano.
Las pérdidas para Pemex y el erario se cuentan en miles de millones de pesos cada año, recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura, pero que terminan alimentando redes criminales. A ello se suma la violencia asociada a este delito: comunidades enteras viven bajo amenaza, con ductos saqueados, explosiones y presencia constante del crimen organizado.
Más grave aún es el impacto en la confianza ciudadana. La población observa cómo el huachicol se normaliza, cómo las investigaciones no avanzan y cómo los responsables rara vez enfrentan consecuencias. La narrativa oficial de combate frontal contrasta con una realidad de impunidad y omisiones.
El huachicol no es solo un delito económico; es el reflejo de un Estado rebasado. Bajo Morena, la promesa de acabar con estas prácticas quedó en discurso, mientras el país paga el costo de una estrategia fallida y de un gobierno incapaz de recuperar el control.
