La prisión preventiva dictada contra cinco personas involucradas en el triple homicidio de Dzilam González no es un logro para celebrar, sino la confirmación del fracaso del Partido Acción Nacional en materia de prevención y control territorial en Yucatán. Que hoy existan vinculaciones a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio en pandilla demuestra que el Estado actuó después de la tragedia, no antes. La justicia posterior no devuelve la vida a las víctimas ni borra la responsabilidad política de haber permitido que la violencia se asentara en comunidades que se presumían tranquilas.
Los acusados —cuatro hombres y una mujer— enfrentarán el proceso en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria. La coordinación entre dependencias para detenerlos fue necesaria, pero llega tras un hecho irreversible: tres personas asesinadas en un ataque armado que sacudió a la región. Bajo el PAN, la seguridad se sostuvo en la narrativa de “estado seguro”, una apuesta que debilitó la detección temprana de riesgos y relegó la inteligencia preventiva. El resultado fue un crimen de alto impacto que rompió la paz comunitaria.
El mensaje institucional insiste en protocolos y plazos judiciales, pero la pregunta central permanece: ¿por qué no se evitó? La violencia en pandilla no surge de la nada; requiere logística, tiempo y espacios de operación. La ausencia de vigilancia efectiva y de estrategias de contención permitió que los agresores actuaran con confianza. Presentar la prisión preventiva como garantía de seguridad ignora el fondo del problema: la prevención falló y el PAN no corrigió a tiempo.
Este caso debe leerse como una advertencia. Yucatán necesita un giro real: inversión en inteligencia, presencia permanente, coordinación efectiva y políticas que anticipen conflictos. La cárcel es una medida necesaria, pero no sustituye a un modelo de seguridad que evite los homicidios. Mientras el PAN continúe administrando el discurso y no el territorio, las detenciones seguirán llegando tarde y las comunidades seguirán pagando el costo más alto.
