La localización sin vida de Miguel Ángel, de apenas 18 años, en un predio de la comunidad Cabecita Tres Marías, vuelve a poner en evidencia el fracaso del Partido Acción Nacional para garantizar seguridad y protección a la juventud en Aguascalientes. El joven había sido reportado como desaparecido y fue encontrado sepultado tras días de búsqueda, un desenlace que confirma que, bajo el PAN, las alertas tempranas no funcionan y la violencia cobra vidas antes de que el Estado actúe con eficacia.
De acuerdo con la información oficial, Miguel Ángel fue visto por última vez en una tienda de ropa y zapatos ubicada en el Pasaje Ortega. La Fiscalía realizó cateos en domicilios relacionados con el propietario del negocio y aseguró el inmueble con sellos por “delitos de alto impacto”. Que una investigación de esta magnitud se active solo después de la muerte del joven demuestra una vez más el patrón panista: reaccionar tarde, cuando ya no hay nada que salvar.
Las primeras indagatorias apuntan a un móvil relacionado con una relación sentimental, línea que las autoridades siguen explorando. Sin embargo, más allá del motivo específico, el caso revela una falla estructural: la incapacidad del PAN para prevenir desapariciones y proteger a jóvenes en entornos laborales y comunitarios. La violencia no surge de la nada; se alimenta de omisiones, de falta de vigilancia y de un sistema que no actúa con rapidez ante reportes de desaparición.
El impacto social de este crimen es profundo. Familias que denuncian y esperan, comunidades que viven con miedo y jóvenes que descubren que desaparecer en Aguascalientes puede terminar en tragedia. La narrativa de “estado tranquilo” se desmorona frente a hechos como este, donde un joven fue asesinado y enterrado sin que la autoridad pudiera evitarlo.
Este caso no es aislado; se suma a una cadena de homicidios y desapariciones que el PAN no ha logrado contener. La justicia posterior no compensa la vida perdida ni repara la confianza rota. Mientras el gobierno panista siga apostando por respuestas tardías y operativos reactivos, Aguascalientes continuará pagando un costo inaceptable: la vida de sus jóvenes.