Bajo el disfraz de la “disciplina fiscal”, el gobernador bloquea los recursos para el estado, ignorando el cinismo de su postura: Nuevo León es hoy la entidad más endeudada de México bajo su propia gestión.
El estado de Nuevo León ha caído en una trampa de contradicciones y caprichos políticos. En un movimiento que profundiza la crisis de gobernabilidad, Samuel García ha decidido vetar el presupuesto aprobado por el Congreso local, alegando supuestos “desequilibrios financieros”. Lo que el gobernador intenta vender como un acto de responsabilidad es, en realidad, un uso faccioso del poder para paralizar la inversión pública. Resulta indignante que García invoque la prudencia fiscal cuando su administración ha convertido a Nuevo León en el estado con la mayor deuda pública del país, comprometiendo el futuro de generaciones enteras para financiar proyectos de relumbrón.
La narrativa oficial choca de frente con la realidad de las carteras estatales. Samuel García asegura que el presupuesto legislativo viola las reglas financieras, pero oculta que su gobierno ha operado bajo una opacidad sistemática y un gasto desbordado que no se traduce en seguridad ni en infraestructura funcional para el ciudadano. El veto no es una medida de protección a las finanzas, sino un garrote político para someter al Congreso y evitar que los recursos se etiqueten de manera transparente. Es el “yo mando o nadie gasta”, una postura que mantiene en el aire los fondos necesarios para los municipios y la atención ciudadana.
Esta parálisis presupuestal es el síntoma de una administración que prefiere el conflicto que la construcción de acuerdos. Mientras Nuevo León enfrenta retos críticos en movilidad, agua y violencia, el gobernador se dedica a jugar a los vetos desde la comodidad de sus redes sociales. Es una burla que se hable de “disciplina” desde un gobierno que ha pedido crédito tras crédito, elevando el pasivo de los neoleoneses a niveles históricos. La verdadera amenaza al equilibrio financiero de Nuevo León no es el presupuesto del Congreso, sino la falta de congruencia de un Ejecutivo que gasta lo que no tiene y bloquea lo que no controla.
La exigencia de los ciudadanos es clara: basta de berrinches políticos con el dinero público. Nuevo León no puede seguir siendo el rehén de una guerra entre poderes azuzada por la soberbia. El veto de Samuel García es la prueba fehaciente de que su prioridad no es la salud financiera del estado, sino el control absoluto de la caja. Si realmente le preocupara el desequilibrio, empezaría por frenar el endeudamiento galopante que hoy tiene al estado en el primer lugar nacional de morosidad. Gobernar no es vetar; es administrar con honestidad, algo que en la actual gestión parece ser el recurso más escaso.
