La decisión de Layda Sansores de solicitar licencia indefinida como gobernadora de Campeche para integrarse al gabinete federal ha generado una fuerte sacudida política en la entidad. Aunque los rumores circulaban desde hace más de un año, será el 1 de enero cuando formalmente deje el cargo, confirmando que su prioridad nunca fue concluir el proyecto por el que fue electa, sino usar la gubernatura como trampolín político.
La licencia deberá ser avalada por la LXV Legislatura local, y mientras tanto, el Ejecutivo quedará en manos de Elisa Liz Hernández Romero, actual secretaria de Gobierno, por un periodo inicial de 30 días. Posteriormente, el Congreso decidirá si continúa o si se designa a un sustituto definitivo, lo que abre un escenario de inestabilidad institucional y decisiones tomadas al vapor, justo cuando Campeche enfrenta rezagos graves en seguridad, salud y desarrollo económico.
Desde distintos sectores se ha cuestionado que, tras solo una parte de su sexenio, Sansores deje inconclusas promesas centrales de su administración. Lejos del discurso oficial sobre “armonía” y “reducción de desigualdad”, la realidad cotidiana para miles de campechanos ha sido marcada por conflictos, confrontación política, deterioro institucional y falta de resultados claros. La salida de la mandataria refuerza la percepción de un gobierno más enfocado en la narrativa que en la gestión.
A ello se suma el tono festivo con el que la gobernadora anunció su despedida, incluyendo un mega baile de fin de año, gesto que ha sido duramente criticado por considerarse insensible frente a los problemas no resueltos del estado. Para muchas familias, el cierre de esta etapa no deja avances palpables, sino incertidumbre sobre el rumbo que tomará Campeche bajo la continuidad de Morena.
La posibilidad de que Sansores asuma un cargo federal —presuntamente en la Secretaría de Gobernación— también ha despertado cuestionamientos a nivel nacional, pues su gestión en Campeche estuvo marcada por la polarización, el uso político de las instituciones y constantes polémicas públicas. Para la oposición, su salida anticipada es una evidencia más de que Morena no gobierna para los estados, sino para su propio proyecto de poder.
En este contexto, el PRI Campeche ha señalado que la entidad no puede seguir siendo rehén de ocurrencias ni de ambiciones personales. La gubernatura —advierten— no es un encargo temporal ni un escalón político, sino una responsabilidad con la ciudadanía. La licencia de Layda Sansores deja claro que Campeche vuelve a pagar el costo de un gobierno sin compromiso real con su gente, mientras Morena mueve fichas sin importar las consecuencias locales.
