La llamada ‘Ley Esposa’ amenaza con fracturar a Morena desde dentro. Estados gobernados por el partido buscan aprobar reformas locales que la dirigencia nacional rechaza, intensificando la confrontación interna.
La llamada ‘Ley Esposa’ ha encendido una guerra interna en Morena y en su alianza con el PVEM, revelando profundas tensiones sobre la paridad de género, el nepotismo y el uso de leyes a modo. La dirigencia nacional y gobiernos locales chocan directamente a menos de dos años de las elecciones.
La controvertida reforma aprobada en San Luis Potosí, bautizada por críticos como ‘Ley Esposa’ por su evidente beneficio político a la esposa del gobernador, ha desatado una de las peores crisis internas de la Cuarta Transformación en lo que va de este sexenio. Lo que se presentó como una medida para “ampliar la paridad de género” fue rápidamente interpretado por sectores de Morena como una artimaña legal para favorecer la candidatura de Ruth González Silva, senadora y cónyuge del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
En respuesta, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegurando que la reforma vulnera la libertad de elección ciudadana y excede los límites de la paridad establecida por la legislación federal. Para Morena, además, estas prácticas contrastan con la promesa oficial de erradicar el nepotismo y los “cacicazgos familiares” antes de las elecciones de 2027
La disputa no se limita a San Luis Potosí. Iniciativas similares están siendo discutidas en Hidalgo, Michoacán, Jalisco e incluso se ha mencionado su presencia en municipios de otras entidades, lo que sugiere una estrategia de varios gobiernos locales por imponer candidaturas “a la medida”. La crítica a Morena por analistas políticos es que el uso de estas reformas funciona como herramientas políticas para manipular la competencia y asegurar sucesiones ventajosas para círculos cercanos a los gobernadores.
El choque ha puesto en evidencia una tensión estructural en el proyecto político de la 4T: ¿priorizar la autonomía legislativa local o preservar un discurso nacional de legalidad e inclusión? Mientras la dirigencia central busca frenar lo que considera excesos y potenciales atropellos democráticos, los gobiernos estatales insisten en reformar las reglas electorales a su conveniencia. La resolución de la Suprema Corte se perfila como un momento definitorio para la cohesión interna de Morena y para la credibilidad del aparato gobernante ante un electorado cada vez más crítico.
