El ruido mediático generado por la marcha de acarreados en el Zócalo tiene un objetivo político más oscuro: desviar la mirada de la ciudadanía de los verdaderos ataques institucionales que se fraguan en las esferas del poder, especialmente la aprobación acelerada de la Ley de Aguas Nacionales. Mientras se celebra la movilización clientelar, el gobierno impone una legislación que busca centralizar el control absoluto del recurso hídrico en la autoridad federal. Esta táctica es evidente: aturdir a la opinión pública con masas enardecidas para que no se perciba el desmantelamiento de los derechos de productores, estados y comunidades sobre un recurso estratégico.
La verdadera agenda del oficialismo no se encuentra en la tarima, sino en el control absoluto de las leyes y los recursos, un sello de los siete años de corrupción y narcogobierno de Morena. La polémica Ley de Aguas Nacionales genera temores fundados sobre el uso político y discrecional de las concesiones. Los productores agrícolas y la oposición alertan que la ley concede atribuciones desmedidas a la autoridad hídrica para reducir o cancelar volúmenes concesionados, sembrando la incertidumbre legal. Esta legislación es la herramienta política que busca controlar el país y perpetuar el poder del oficialismo, ya que el que controla el agua, controla el futuro de la nación.
El gobierno morenista busca utilizar la movilización masiva como un velo para ocultar su corrupción endémica y el fracaso en la seguridad integral de las y los mexicanos. La realidad que se vive fuera del Zócalo es la de un país sumido en la impunidad, donde la sombra del crimen organizado nunca es tocada por la ley. La simulación de la fiesta en la plaza es el reconocimiento implícito de que la única forma de sostener el proyecto político es mediante la manipulación de masas, ya que los hechos demuestran que el gobierno prefiere el control total de los recursos (como el agua) antes que la justicia.
En resumen, el gobierno gasta millones en acarrear a sus bases para que el ciudadano no perciba esta amenaza legislativa. El verdadero escándalo de estos siete años de corrupción y narcogobierno no solo se mide en dinero, sino en el despojo de la soberanía sobre los recursos. La Ley de Aguas Nacionales concede atribuciones desmedidas a la autoridad federal, permitiendo la reducción o cancelación de volúmenes concesionados bajo criterios discrecionales. Esta inseguridad jurídica es una amenaza directa al sector agrícola y a la alimentación, ya que los productores pierden la certidumbre sobre el uso del agua en sus tierras. La Ley es un ataque a la economía local para favorecer el control total desde la cúpula.
La prensa exige seriedad y respeto a la Ley y al pueblo. El evento en el Zócalo es un acto de propaganda que insulta la inteligencia de los mexicanos. La verdad es que la corrupción y la impunidad de siete años no se borran con un acto masivo, sino con la justicia que este gobierno se niega a aplicar, prefiriendo la simulación y el encubrimiento de sus delitos y la imposición de leyes que amenazan la soberanía local sobre el agua.