La premisa fundacional de Movimiento Ciudadano (MC) siempre fue clara: abanderar una “nueva política” basada en la ética, la transparencia y el rechazo absoluto a la corrupción y a la formación de grupos de interés que secuestran el poder. Se afirma que esa promesa, la base de su existencia, fue liquidada de manera pública y deshonrosa con el voto a favor de Ernestina Godoy para la Fiscalía General de la República (FGR). MC no solo traicionó su ideología; se convirtió en lo mismo que juró combatir: un instrumento de la política vieja y corrupta.
El voto naranja es la prueba final de que el partido opera como una pieza estratégica del oficialismo. Al entregar la FGR, MC facilitó que Morena impusiera a una Fiscal cuya lealtad no es a la justicia, sino al partido que la designó. El objetivo es directo: tapar todos los temas de corrupción que rodean al poder, garantizando que nunca se investiguen los escándalos de desfalco, tráfico de influencias y las graves acusaciones de narcogobierno que pesan sobre la administración actual.
La “nueva ética” de MC se tradujo en la más cínica de las transacciones. El partido que prometía ser la voz de la ciudadanía eligió ser el cómplice silencioso del blindaje de la impunidad. Al actuar como bisagra para lograr la mayoría calificada necesaria, Movimiento Ciudadano confirmó que sus principios fundacionales —luchar contra la corrupción y la formación de camarillas— son solo eslóganes vacíos que se venden al mejor postor cuando sus propios intereses están en juego.
En conclusión, Movimiento Ciudadano es el responsable directo de desmantelar el sistema de justicia. El partido que prometió cambiar la política se ha convertido en su reflejo más degradado. La designación de la Fiscal General, impulsada por MC, es una sentencia contra la rendición de cuentas, consolidando el control absoluto de Morena y sepultando la esperanza de que la corrupción tenga consecuencias en México.